Ley de servicios sociales de Canarias

Ley de servicios sociales de Canarias

La Ley de servicios sociales de Canarias consideran de hecho que los servicios sociales son uno de los sistemas públicos del estado del bienestar, conjuntamente con la seguridad social, el sistema de salud, el sistema de educación, las políticas para la ocupación, las políticas de vivienda y otras actuaciones públicas.

Los servicios sociales son el conjunto de intervenciones que tienen como objetivo garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, poniendo atención en el mantenimiento de su autonomía personal y promoviendo el desarrollo de las capacidades personales, en un marco de respeto por la dignidad de las personas.

El crecimiento demográfico acelerado de los últimos años sufrido en Canarias, el envejecimiento de la población, la diversidad de las familias y los núcleos de convivencia, las nuevas bolsas de pobreza, el riesgo de desigualdades personales, colectivas o territoriales.

Las situaciones de dependencia que viven muchas personas y la complejidad que comporta para las familias, y los cambios en el mercado laboral son algunos ejemplos, de necesidades sociales que un sistema público de servicios sociales debe atender, la necesidad de la Ley de servicios sociales de Canarias.

Los servicios sociales son, pues, un instrumento para favorecer la autonomía de las personas, para mejorar las condiciones de vida, para eliminar situaciones de injusticia social y para favorecer la inclusión social.

Declaración del derecho a los servicios sociales

Desde la concepción de que los derechos sociales se constituyen como un elemento necesario para garantizar los derechos fundamentales o derechos de primera generación, los poderes públicos deben reconocérselos a toda persona por el hecho de serlo, pues están destinados a la protección de su integridad y de su dignidad y por tanto cualquier merma que se produzca en el reconocimiento universal de estos derechos supondría una limitación de la persona.

El elemento central de la Ley de servicios sociales de Canarias es la declaración del derecho a los servicios sociales, constituido en un derecho subjetivo y universal de los ciudadanos. Garantizar el ejercicio efectivo de este derecho subjetivo implica, necesariamente, la construcción de un sistema público de servicios sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, comparable en su desarrollo a otros sistemas públicos orientados al bienestar.

Ley de servicios sociales de canarias

La Ley de servicios sociales de Canarias debe dotar de un conjunto de instrumentos de gestión y coordinación capaces de garantizar la vertebración entre las diferentes Administraciones competentes, y en cuyo marco pueda estructurarse toda una arquitectura capaz de sostener la implantación, la ordenación, el desarrollo y la consolidación de una red articulada de prestaciones y servicios, orientada a responder de forma coherente, eficaz y eficiente a los desafíos presentes y futuros asociados a los cambios sociales, demográficos y económicos.

Europa y la Ley de servicios sociales de Canarias

Por su parte, en el marco de la Estrategia Europa 2020 se establecen la economía inteligente, sostenible e integradora, como tres líneas básicas de actuación. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, pretenden contribuir a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social.

Para ello, la Unión Europea ha establecido para el año 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. En cada una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fijado sus propios objetivos. La estrategia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión como de los Estados miembros.

Pues bien, de entre los cinco grandes objetivos planteados para el año 2020, se encuentra el de “Luchar contra la pobreza y la exclusión social” que plantea reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social en todo el ámbito de la Unión. Para llegar a ello es necesario, entre otros logros, el acceso de todos a los recursos, derechos, y servicios necesarios para la participación en la sociedad, previniendo y abordando la exclusión social.

Programa comunitario de Lisboa y Ley de servicios sociales de Canarias

En esta tarea, la Comunicación de la Comisión, de 26 de Abril de 2006, «Aplicación del programa comunitario de Lisboa, Servicios Sociales de interés general en la Unión Europea» COM ya marcó el papel clave de los servicios sociales, por desempeñar una importante función en la sociedad y en la economía europea, y reconoció que el sector de los servicios sociales, situado en un entorno cada vez más competitivo, se encuentra en plena expansión e inmerso en un proceso de modernización que puede adoptar distintas formas.

Entre ellas se alude a la introducción de métodos de evaluación comparativa y de control de calidad y la participación de las personas usuarias en la gestión, a la descentralización de la organización con el establecimiento de servicios a nivel local o regional, al desarrollo de marcos de colaboración entre los sectores público y privado y al recurso de otras formas de colaboración complementarias a la pública, como desafío de futuro de los servicios sociales en los Estados Miembros.

Estatuto de Autonomía de Canarias

En el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de asistencia y bienestar social recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 30.13, esta Comunidad Autónoma aprobó la Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales, hasta ahora vigente. En los últimos años la sociedad canaria ha venido experimentando una serie de cambios sociales que han impulsado a su vez la introducción de nuevos modelos de atención en los servicios sociales.

Estos cambios sociales se han visto reflejados en el ámbito legislativo con la aprobación, a nivel estatal y autonómico, de nuevas normativas en materia de servicios sociales, como lo es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, entre otras. Por lo que respecta a la igualdad de género, el enfoque de género debe ser un principio rector de la actuación del Sistema público de servicios sociales de Canarias.

Finalmente, hay que hacer mención a la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, objeto también de atención en el Sistema de servicios sociales.

Cambios sociales y la Ley de servicios sociales de Canarias

Los cambios sociales, los avances legislativos en el ámbito de servicios sociales para dar respuesta a los mismos y la aspiración de los poderes públicos por mejorar la calidad de los servicios públicos, se ha traducido, pues, en una mayor presencia en los servicios sociales de modelos de gestión basados en la calidad, donde las nuevas tecnologías adquieren un papel relevante, ya que permiten una mayor eficacia de los servicios y prestaciones.

Ley de servicios sociales de canarias

Por ello se hacía indispensable acometer una nueva regulación que venga a fortalecer los derechos sociales con la inclusión del derecho subjetivo, esto es, el derecho subjetivo y universal de los ciudadanos canarios al sistema público de servicios sociales, al menos a sus servicios esenciales y prestaciones económicas garantizadas.

Se hace indispensable abordar, por tanto, una nueva regulación que se articula por medio de la presente Ley y que tiene por objetivo reconocer la universalidad en el acceso a los servicios sociales que, por una parte, responda a la realidad actual de Canarias y que, por otra, avance hacia la consecución de lo que se ha denominado el ‘cuarto pilar’ del estado del bienestar, junto con la salud, la educación y los sistemas nacionales de la dependencia y de las pensiones.

De suerte que esta Ley de servicios sociales de canarias contempla las prestaciones a las que la ciudadanía tendrá derecho, derecho subjetivo que será exigible a las Administraciones competentes y, en última instancia, ante los tribunales, lo que eliminará el carácter asistencialista de los servicios sociales, tal como ha venido configurado en nuestra Ley de Servicios Sociales de 1987.

Además, se introducen elementos homogeneizadores que garanticen una igualdad real, teniendo en cuenta el hecho insular, en todos los territorios de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de garantizar a la ciudadanía unas prestaciones mínimas y unas condiciones básicas de calidad de servicios, con independencia de la isla o del municipio en que vivan o reciban la prestación. Igualmente, la presente Ley aborda la reorganización competencial de los servicios sociales, de acuerdo con el principio de máxima proximidad a los ciudadanos.


Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.


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